Grupo de activistas señala que pago de US$25 para quienes quieran visitar a un recluso en Arizona, EEUU, afecta a las familias de bajos recursos.
Muchos de los reos en Arizona son inmigrantes ilegales. (Reuters)
Activistas mostraron su rechazo a la medida establecida en Arizona, EEUU, que convirtió a ese estado en el primero del país en imponer una tarifa a toda persona mayor de 18 años que desee visitar a un preso, hecho que también generó una demanda judicial.
La medida, que entró en vigor en julio pasado, autoriza el cobro de una tarifa única de US$25 con el fin de verificar la identidad y los antecedentes de la persona que desea visitar a un reo.
En opinión de Lydia Guzmán, activista y representante del grupo Respect/Respecto, la nueva regulación afecta especialmente a familias de bajo recursos, entre ellas hispanas y de inmigrantes en Arizona, estado fronterizo con México. Además, dijo que es innecesaria, ya que las cárceles verifican la identidad de toda persona que ingresa de visita a los centros penitenciarios estatales.
En tanto, el grupo Middle Ground Prison Reform y familiares de reclusos presentaron una demanda ante la corte superior del condado de Maricopa contra dicho cobro, del que están exentos los abogados de los presidiarios.
La demanda argumenta que es inconstitucional el imponer una tarifa a un grupo específico de personas con el fin de recaudar fondos para fines públicos, ya que uno de los propósitos de la ley es obtener dinero para el mantenimiento de las cárceles.
Fuente: peru21.pe
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